viernes, 20 de agosto de 2021

Fin de un mito: los empresarios no dan trabajo

Por EZEQUIEL ADAMOVSKY

La ideología funciona, a veces, poniendo patas para arriba nuestra percepción de la realidad. Nos hace imaginar todo justo al revés de lo que es. Tomemos una frase habitual: “Los empresarios dan trabajo”. Como si fuesen por allí con una bolsa llena de trabajos que ellos crearon, repartiéndolos generosamente a los demás. Todo al revés: quienes se apropian del trabajo ajeno aparecen como si estuviesen “dando” algo suyo. Pero los que “dan” su trabajo son en verdad los trabajadores. Los empresarios, al contrario, “piden” trabajo que no poseen y necesitan (vean si no quiénes publican en la sección Pedidos de los avisos clasificados).

En estos días nos enteramos de que Toyota salió a buscar 200 trabajadores para su planta en Zárate y no los consiguió. Pedían con secundario completo y no había tantas personas en la zona que reunieran ese requisito. Aparentemente la noticia no era del todo cierta y su difusión pudo ser un modo de presionar al Estado. Pero es un hecho que, para su famosa y revolucionaria manera de organizar la producción, la empresa necesita trabajadores con un piso de formación relativamente alto. No le sirve cualquiera.

La noticia permite desarmar otro de los mitos habituales de la vulgata liberal: que es el sector privado el que genera la riqueza de la que luego el Estado se apropia; que son los empresarios los que financian con sus impuestos al sector público. Dejemos por un momento de lado el hecho de que, en Argentina, los trabajadores pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos. ¿Es realmente cierto que la riqueza la genera el sector privado?

 El caso de Toyota permite entender que no. Cuando la empresa sale a pedir trabajadores con secundario completo, no está pidiendo solamente el trabajo de esas personas. Está requiriendo, además, el trabajo que anteriormente aportaron los docentes de los colegios a los que fueron, sin los cuales –como amargamente comprobó en estos días– los potenciales trabajadores no alcanzan el piso de preparación que la empresa necesita. Sin profesores de secundario no hay trabajadores aptos para Toyota. Y sin trabajadores, no hay autos Toyota. Lo que implica que el trabajo docente gestionado por el Estado participa de manera bastante directa en la generación de riqueza que aporta la fábrica.

No hay nada raro en que la firma dependa del trabajo de otros. De hecho, para fabricar sus autos compra vidrios y neumáticos que fabrican otros empresarios, contrata transportistas que se los traigan, etc. Por cada uno de los insumos y servicios que utiliza paga el precio de mercado: si usa un neumático, paga el valor que tiene, que a su vez cubre la ganancia de su colega empresario, los salarios que él pagó y los insumos y servicios que a su vez compró de otros. Así funciona la generación de la riqueza, aunando labores de muchos agentes económicos.

Entre ellos hay uno al que suele pasarse por alto: el Estado. Sin los múltiples trabajos que organiza y financia el Estado no hay producción en el sector privado. No hay generación de riqueza sin esos docentes que formaron a los trabajadores de Toyota. Tampoco sin los profesores universitarios que formaron a los docentes, ni sin los investigadores que generaron los conocimientos que ellos transmiten. Y la lista podría seguir al infinito: esos neumáticos que usó Toyota llegaron a través de rutas construidas por el Estado, proyectadas por ingenieros del Estado, con semáforos puestos por el Estado, vigiladas por policía del Estado y todo ello a su vez gestionado por funcionarios públicos. ¿Y qué pasa si Toyota debe demandar a una empresa rival que le copió uno de sus modelos? Debe apelar a tribunales del Estado y a abogados formados por el Estado. La mismísima propiedad de su planta en Zárate descansa sobre una norma –la propiedad privada– establecida, garantizada y vigilada por el Estado. No hay producción de valor sin todo ese entramado público-privado. No existe mercado capitalista sin Estado.

Toyota paga (con suerte) sus impuestos. Pero a su vez extrae una ventaja económica del hecho de que partes esenciales de su proceso productivo son costeadas por el Estado. La firma paga el valor de mercado del flete que le trajo esos neumáticos, pero no el de los otros servicios viales que consume, que son los que le entrega gratis el Estado. Si la empresa tuviese que correr con el gasto de educar a su futuro personal debería montar o subcontratar escuelas primaras y secundarias, etc., lo que le costaría bastante más que lo que paga en impuestos.

Nada de este argumento viene de una simple deducción, sino de una constatación histórica. El capitalismo se desplegó a partir de (y gracias a) la diferenciación de trabajos que organiza el sector privado y otros que costea el sector público. En los albores de la Revolución industrial, por dar un ejemplo, los artesanos y mecánicos estuvieron a la vanguardia en la invención de los nuevos procesos productivos, trabajando codo a codo con los empresarios en las nuevas fábricas. Los saberes de ambos fueron imprescindibles. Pero a medida que el desarrollo industrial se fue complejizando, la industria tendió a ir diferenciando dos tipos de labores técnicas. Había algunas imprescindibles cotidianamente y que podían aprenderse dentro de la empresa. Estas fueron absorbidas y los artesanos tendieron entonces a convertirse en obreros calificados. Otras labores, utilizadas más eventualmente, requerían un conocimiento más generalista que hubiese sido muy costoso generar y reproducir dentro de las empresas. Fueron entonces externalizadas y la formación de quienes las realizaban fue puesta en manos de las universidades. Los mecánicos tendieron a ser reemplazados por los nuevos ingenieros mecánicos/industriales diplomados por universidades. Usualmente se desempeñaron como profesionales independientes, pero no por ello sus aportes al proceso productivo fueron menos directos ni menos importantes. Algo similar sucedió con la diferenciación entre empleados contables y abogados y con otras labores. En el siglo XIX el Estado a su vez intervino regulando el funcionamiento del ejercicio de cada profesión y los cursos universitarios que les permitían acceder a las matrículas.

En fin, el trabajo productivo que genera la riqueza depende de una gran variedad de labores, algunas de las cuales se realizan en el sector privado y muchas otras en el sector público, en el ámbito doméstico o colectivamente como parte de la existencia de toda la sociedad. La producción de mercancía presupone una densa red de interrelaciones que no son sólo económicas, sino que involucran formas de regulación política y toda una trama de vínculos intelectuales, lingüísticos e incluso afectivos. Como decían hace ya tiempo algunos intelectuales y activistas italianos, la fábrica es la sociedad. Parte del valor se genera entre las cuatro paredes de plantas como la de Toyota. Pero una parte incluso mayor se genera más allá, a partir de procesos de los que Toyota solo se entera si alguna pieza del engranaje falla.

No es cierto que la riqueza la genere el sector privado y con esos fondos sostenga a un sector público siempre sospechado de improductivo y parasitario. De hecho, sería tanto o más justo afirmar lo contrario: que el sector privado parasita el trabajo mal pago del sector público y las habilidades y saberes socialmente producidos. Para no mencionar que parasita una tarea no remunerada en absoluto –la reproducción de la fuerza de trabajo– que suele quedar a cargo de las mujeres en el espacio doméstico.

¿Quiénes dan su trabajo y quién sostiene a quién? Es imprescindible volver a poner al derecho lo que la ideología pone patas para arriba. 







La movilidad previsional en el contexto de pandemia: análisis de las actualizaciones jubilatorias recientes

 



La movilidad previsional en el contexto de pandemia: análisis de las actualizaciones jubilatorias recientes

Analizamos las actualizaciones jubilatorias recientes y obtuvimos las siguientes conclusiones:


Los componentes de la fórmula, la actualización de septiembre y la comparación con la inflación

La tercera medición de la actualización jubilatoria derivada de la nueva ley de movilidad, aplicable desde septiembre próximo alcanzó 12,4%.

Este dato se encuentra por encima de las expectativas de inflación para el período julio-septiembre, comparable con el período alcanzado por la movilidad.  La inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) del período mencionado (julio a septiembre, considerando que la mejora compensa la inflación pasada) suma 8,6%, es decir, casi 4 puntos porcentuales menos que la movilidad.

Estos guarismos implican una recuperación real de las jubilaciones, pensiones, AUH y demás para el trimestre de 3,5%.

Aunque es prematuro, se estima que, la fórmula para la actualización de diciembre también podría tener un muy buen desempeño, considerando que la reapertura salarial afectaría positivamente sobre los indicadores de salario y la reactivación hacer lo propio sobre el indicador de recaudación.


Las actualizaciones de marzo y junio 2021 y la comparación con la inflación.

Las primeras dos actualizaciones jubilatorias resultantes de la fórmula votada recientemente tuvieron un comportamiento dispar: la primera quedó por debajo de la inflación, mientras que la segunda superó a la misma.

Al realizar la comparación la inflación del período de donde se aplica la actualización (enero a marzo de 2021 para la primera movilidad y abril a junio para la segunda), se observa que la primera significó un incremento de 8,07%, mientras que la inflación alcanzó 12,9%, mientras que en el segundo caso se invierte la relación (12,12% vs 11%).

Es preciso mencionar que, tanto en la primera movilidad como en la segunda del 2021, el componente salario motorizó al alza la fórmula, mientras que la recaudación tuvo un desempeño menor.

Vale recordar que, para compensar el desfasaje de la primera movilidad, el Gobierno incluyó dos bonos de $1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021 para jubilaciones de hasta $30.856. Para compensar el segundo trimestre (para ser preciso, el efecto de la primera actualización sobre el segundo trimestre), se pagó un bono de $5.000 en agosto.

La actualización de septiembre corrige buena parte de esta problemática dado que en el acumulado logra quedar por encima de la inflación. En los primeros nueve meses de 2021 el aumento de las jubilaciones y demás alcanzará 36,2%, mientras que la inflación sumaría 36,1%.

La modificación de la fórmula, que incluyó el mayor de la variación de RIPTE o INDEC permitió en la primera medición, tomar el segundo, más alto en esta medición.


Evolución real de la jubilación mínima

Si se considera la jubilación mínima desde principios de 2019 en adelante, se observa que la curva se mantiene relativamente estable, con los saltos relacionados con el impacto de los bonos respectivos. Es decir, no se recuperan aún los valores perdidos durante los 4 años de gestión de Cambiemos, pero las jubilaciones no pierden contra la inflación.



Soberanía, elecciones y banderas

Mempo Giardinelli
 Por Mempo Giardinelli


Aunque algunos puedan pensar que todo terminó cuando se pateó para adelante la renovación de la concesión del río Paraná en beneficio del entramado de multinacionales que desde 1995 usufructuraron --y dañaron muy seriamente-- nuestro río más emblemático, esa película no ha terminado.

Los fuertes reclamos de reivindicación de soberanía que se generalizaron gracias a la consistente prédica de algunos colectivos, y de esta columna, han dejado frutos y sobre todo compromisos. De ahí que, si bien el Decreto 427/2021 puso momentáneos paños fríos a la cuestión, esa inteligente medida no derogó, sin embargo, el Decreto 949/2020, que es anterior y es padre y madre de una claudicación y un conflicto que los reclamos populares no han dejado pasar.

Por eso resulta tan valioso que –-en estos días en que todo lo que parece interesar es el proceso electoral que se viene­-- circule una propuesta originada en una agrupación de las varias que se autoasignaron la tarea de concientizar al pueblo argentino en defensa del que llamamos Padre RíoEl Movimiento Federal por la Soberanía Nacional (MFSN) plantea en estas horas, transcurridos los 90 días de la prórroga concedida por la Resolución 129/2021 del Ministerio de Transporte, que "la empresa HIDROVIA S.A. reintegre los bienes del Estado que, según registro de la Cámara de Diputados de la Nación en Sesión Ordinaria de 2009" estableció que si bien el Estado concesionante "se comprometió a aportar equipos, repuestos e instalaciones en tierra", los mismos no podían ser utilizados, sin la previa autorización expresa del concedente, en obras ajenas a las previstas en el pliego. Y equipos, además, que se entregaron a partir del inicio de la concesión, con obligación de ser devueltos al finalizar la misma.

Se estableció también que, al finalizar la contratación (o sea desde el 30 de Abril pasado), el concesionario deberá reintegrar al concedente las instalaciones y sus accesorios en condiciones de uso y conservación y con las mejoras realizadas, las que no le otorgarán derecho a retribución alguna por parte del concedente, que es el Estado, o sea el pueblo argentino. O sea que dichos equipos deben ser devueltos en condiciones de operatividad y sin indemnización ni retribución alguna.


Y es que lo concesionado fue sólo el derecho a la tenencia y uso del material, tanto flotante (buques y artefactos navales) como no flotante (equipos, inmuebles, muebles, útiles, muelles e instalaciones fijas), todas las cuales no dejaron de ser propiedad del Estado nacional a lo largo de todo el plazo de la concesión.

El inventario no es pequeño, por cierto, y entre los materiales se encuentran la draga más grande de Latinoamérica (la 256-C "Capitan Núñez) y muchas otras dragas, balizadoras, remolcadores y embarcaciones de apoyo diversas, actualmente atracadas en puertos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por lo menos. Y también, obviamente, los varios edificios de la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN), sus terrenos aledaños, y sus grúas y muelles. Y desde luego los talleres de dicha Dirección en la Isla Demarchi y en las ciudades de Rosario y Corrientes, también por lo menos.

Esta columna recibió críticas, semanas atrás, por señalar la necesidad y urgencia de terminar con el concepto de "Estado bobo" que por años han ido naturalizando algunos vivos en nuestra sociedad. La debida respuesta a esas críticas no es otra que honrar y cumplir en tiempo y forma los contratos de concesión. Por eso, si acaso algunos funcionarios --y empresarios ni se diga-- no estuvieren convenientemente enterados, bueno es recordarles que son muchos los organismos de contralor para el correcto cumplimiento y monitoreo de estas devoluciones de bienes al Estado Argentino, que, obviamente, deben ser devueltos en condiciones de operatividad.

Es por todo lo anterior que la propuesta del mencionado FSN incluye al nutrido conjunto de más de un centenar de organizaciones, colectivos, sindicatos, agrupamientos y personalidades que durante ya muchos meses vinieron –y vinimos– bregando por la recuperación y saneamiento del río Paraná.

Y propuesta que bueno sería que conociera el Presidente de la República en persona y mediante lectura propia, a fin de encabezar la recuperación de la Soberanía sobre el Padre Río, las vías navegables tanto fluviales como marítimas, y el sistema de puertos y astilleros que nuestro país tuvo y perdió, por obra y gracia y disparatadas decisiones de gobiernos genuflexos y neoliberales con camiseta populista.

Todos los colectivos de defensa de la soberanía fluvial y marítima de nuestro país coinciden en que el dragado, señalización y mantenimiento de las aguas deben estar a cargo de organismos del Estado. Y en que todos los proyectos para profundizar y ensanchar el Paraná y cualquier otro río a fin de adecuarlos al tamaño cada vez más grande y de mayor calado de los buques, representan una abusiva acción transnacional además de ser una barbaridad ambiental dígase lo que se diga, porque alteran el ambiente y la biodiversidad.

El rol nocivo de las multinacionales, agroindustriales y mineras, es ya indefendible racionalmente. Tanto en términos ecológicos, como también por otras acciones nocivas para cualquier país, como la evasión fiscal, la subfacturación, el contrabando y la fuga de divisas. Salvo intereses sectoriales y de lobbistas, hoy son indefendicles.

Habrá que tener paciencia, firmeza y tino, porque en el camino se jugará la gran propuesta socioeconómica que hoy necesita imperiosamente la Argentina: volver a crear la Flota Mercante Nacional y Estatal, fluvial y marítima, que a su vez impulsará la reactivación de los Astilleros y Talleres Nacionales, que hace décadas fueron un motor del desarrollo y pueden y deben volver a serlo. Porque generan miles de puestos de trabajo, aprovechan y desarrollan el potencial tecnológico que tenemos, y porque así se recuperará la reserva de carga en bodegas y buques de bandera argentina. No otro es el camino hacia la soberanía marítima que alguna vez este extraordinario país supo tener. 



EL RINCON DE REP

 


lunes, 9 de agosto de 2021

Soberanía, del Paraná al INTA

 


Aquietadas las aguas --lo que es un decir, visto el derrumbe en la costanera rosarina, producto de la terrible bajante del Paraná-- es indudable que el reclamo de soberanía y el esclarecimiento de la ocultada privatización del río ahora parece haber entrado en un cono de sombra natural, aderezado, desde luego, por las candidaturas anunciadas que una vez más enhebran sueños, esperanzas y desilusiones.

Lo cierto es que, elecciones aparte y a mediano plazo, el decreto 427/2021 vino a poner, de hecho, un paño frío para la caliente cuestión de la soberanía sobre el río Paraná, pero su vigencia confesa será de solo un año, que en la política argentina es nada. Y como en su texto este decreto se denuncia solo --siete veces está en el texto la palabra "concesión", sobrevolada por el también confeso vocablo "licitación"-- puede afirmarse que esta cuestión no ha terminado ni ahí. Como siempre sucede cuando está en juego la soberanía, materia en la que el reclamo nacional por las Islas Malvinas es ejemplar.

Como también puede serlo otra cuestión que empieza a calentar motores en estos días. Y es que así como nuestro río fue abusado por transnacionales extranjeras en asociación con entidades dizque "rurales" que son la expresión más cabal de la injusticia en la Argentina --latifundios ocultados, fuga de divisas, elusiones impositivas, racismo, hiperexplotación y servilismo al feroz poder que hoy gobierna al planeta-- hoy uno de los mejores instrumentos que tenía nuestra república --el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)-- parece también haber sido cooptado y está en muy serio peligro de desnaturalización.

Lo asombroso esta semana fue que una productora entrerriana lanzó una pequeña campaña para que no se expropien tierras del INTA, afirmando que "es una maravilla tener los campos experimentales cerca de la ciudad". Lo que es una transparente verdad, más allá de lo asombroso que es que lo diga una productora de raigambre derechista a quien varios consultados consideran una "mano derecha" del ex ministro macrista Luis Etchevehere. Su nombre es María Teresa Cavoti y es productora de nueces pecan desde hace una década, cuando inició su producción en línea con estudios del INTA, que desde inicios de siglo investigaba este cultivo.

Su posición es absolutamente correcta, aunque va en contra de todo lo postulado por la derecha agraria. Por eso defender el rol del INTA en contra de la pérdida de terrenos históricos en sus diferentes estaciones, es ya un imperativo porque primero en Salta el macrismo loteó y vendió tierras a privados, y luego vendió tierras del Ejército en Ordóñez, Córdoba, y en otros territorios, de igual modo que ahora en Catamarca parecen estar en marcha proyectos de desmantelamiento de la histórica y argentinísima institución agraria. Y es particularmente grave el hecho de que hace muy poco el Senado de la Nación aprobó esta última expropiación, presentada por el senador Dalmacio Mera (catamarqueño y ex vicegobernador entre 2011 y 2015) y sobre todo que el proyecto fue votado, insólita e inexplicablemente, por unanimidad, con todo lo que eso implica.

Y para asombro generalizado, además, porque esta expropiación --en claro perjuicio del INTA y de los bienes agrarios de la nación-- ha unido ahora a todos los que apoyaban la expropiación a Vicentin con todos los que entonces se oponían.

Por su parte, el reconocido experto agrario que es Pedro Peretti, contó a esta columna que en Máximo Paz (Provincia de Santa Fe) "se armó un proyecto demostrativo de cómo debe trabajarse en la práctica para hacer agroecología, y había despertado mucho interés en los ministerios de Ciencia y Técnica y Medio Ambiente. Se trataba de enseñar cómo se siembra y se cultiva en forma sana". Esa política es desvirtuada ahora totalmente, porque además desvirtúa los principios y el sentido mismo del INTA, fundado en 1956 con el objetivo autodefinido de ser "un organismo estatal de investigación agropecuaria, descentralizado y con autarquía financiera​ y operativa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y cuyos orígenes se remontan a 1871 (presidencia de Sarmiento) y 1898 (la de Roca).

Distorsión, además, que provoca algo más paradójico aún: es increíble que el Estado Argentino no pueda comprar tierras, y que, al contrario, las tenga que vender. O sea privatizar. Y aquí hay que ser claros: la idea de que hay tierras públicas ociosas es un mito. Son pocas y muy pequeñas las tierras del organismo que están improductivas: son de 70 u 80 hectáreas a lo sumo, y alguna de 400, de las que se saben y algunas están en manos del Ejército. Pero son completamente irrelevantes si se recuerda que la Argentina siembra hoy unas 38.700.000 hectáreas".

El problema es una vez más político, y como en el caso del Paraná también venía silenciado: hoy casi no se habla de que el INTA está manejado, en los hechos, por las cuatro entidades de la ya incalificable "Mesa de enlace", o sea la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) que supuestamente agrupa al sector cooperativo agrario.

Y es por eso que, como señalan Peretti y otros productores de Chaco y Santa Fe, "en el INTA no hay representación de la agricultura familiar campesina e indígena, ni de los pueblos originarios, ni tampoco hay representación específica de las cooperativas, ni mucho menos paridad de género".

Quizás por eso, y para completar el minué de confusiones, un comunicado "denunciando" el "vaciamiento" del INTA acaba de ser emitido por la FAA con la firma de su vicepresidente, Elvio Guía, quien no es productor agropecuario pero sí es vox populi que fue colocado allí por el mencionado senador De Ángeli. O sea que mientras el senador vota la expropiación al INTA catamarqueño, su hombre en la Federación Agraria se opone públicamente. Con lo que parece obvio que las danzas que se bailan en el agro argentino evocan coreografías de los Hermanos Marx, obviamente los de Groucho.

La realidad del INTA hoy, en fin --y habrá que estar alertas a esta nueva posible pérdida de soberanía territorial-- es que el instituto también está manejado por la mesa de enlace y nadie sabe qué sucederá después de las elecciones. Por el momento la presidenta del organismo, Susana Mirassou, parecería estar sobrepasada. Es de esperar que el ministro Luis Basterra intervenga correctamente, como lo hizo en el Instituto de la Yerbamate (INYM).

En todo caso, coinciden expertos consultados para esta columna, lo que debe hacer el INTA es, en lugar de achicar su tenencia de tierras, comprar más campos. Y los campos que actualmente tiene, los que le quedan y sobre todo si están cerca de las ciudades, debe dedicarlos a proyectos agroecológicos, educativos o de extensión cultural mediante comodatos y no cediendo propiedad.

Y ya es hora de que los gobiernos, desde la Capital Federal, cambien la concepción centralista y ciega respecto del interior profundo y exijan a los funcionarios y técnicos que contrata que se radiquen en los centros poblados más cercanos, lo que se llama arraigo y consolida territorio, vida y crecimiento de las poblaciones. 


Mempo Giardinelli



Parar el odio

 Fueron capaces de colocar bolsas mortuorias con nombres de funcionarios, colgadas de las rejas de la Casa Rosada durante una pequeña manifestación. Fue el colmo y fue tolerado --que esta columna sepa-- ya que no se les aplicó ningún castigo previsto por la Ley 23.077, de Defensa de la Democracia y que el Senado, por unanimidad de todos sus miembros presentes, convirtió en ley en la noche del jueves 9 de agosto de 1984.

En el articulado de esa ley constan diversas penalidades para quienes amenacen la institucionalidad y la paz, algunas de hasta 25 años de prisión. Esa ley anuló las disposiciones represivas de la dictadura, reformó el Código Penal y dispuso prisión para quienes "se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos e impedir el libre ejercicio de las facultades del Gobierno".

Hoy es evidente que estamos rodeados de sujetos que gritan todo el tiempo en contra de las instituciones, el Gobierno, la sanidad pública y --fanatizados y desafiantes-- se han ido convirtiendo en cada vez más peligrosos. Y aunque no alzados en armas --todavía-- en muy violentos.

Y es que el discurso negacionista viene teniendo una enorme difusión y eso es grave. Gravísimo. Porque atenta contra la esperanza, la buena voluntad y el ánimo fraterno que anida en el pueblo argentino, cuyo espíritu de paz y de trabajo es claro y contundente. Como se ve en estos días en las olimpiadas de Tokyo y más allá de los magros resultados. Son símbolos de esperanza, orgullo y unidad que los discursos de odio y resentimiento están quebrando día a día y con peligro para la paz social.

Los mentores de la violencia antidemocrática buscan rebajar la trascendencia histórica de los organismos de Derechos Humanos y sus luchas ejemplares. Muchos de estos fanáticos autoritarios son, además, mayoritariamente antivacunas además de ignorantes y prepotentes. Van en contra no sólo del sentido común, sino, lo que es mucho más grave; en contra del sistema político constitucional, que guste o no es el que tenemos y hay que respetar independientemente de que muchos impulsemos reformas profundas.

La gritería negacionista de los nostágicos del Terrorismo de Estado, muchos de ellos viejos canallas indultados o en relajados regímenes domiciliarios, viene prendiendo con una velocidad e impunidad que urge detener. De cuajo y en profundidad. Y no sólo porque costó mucha sangre recuperar la democracia y restablecer tres valores fundamentales para convivir --Memoria, Verdad y Justicia-- sino también porque el símbolo sagrado que son los 30.000 desaparecidos seguirá siendo una luz en la reconstrucción de este país.

Lo que ha hecho el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, al citar a dos figuras políticamente desprestigiadas como el Sr. Lopérfido y la Sra. Fernández Meijide, y sosteniendo como ellos que "ese número 30 mil se originó para llamar la atención de los europeos", es lisa y llanamente una barbaridad. Esta columna quiere creer que fue una calentura impensada, pero su demora en corregirse hace pensar que, en efecto, lo único que busca es un rédito político cortoplacista y reprochable, vinculado a las acostumbradas bravatas machistas de la ex ministra Bullrich y los desatinos tuiteros de la candidata Ajmechet respecto de Malvinas, su amor a Inglaterra y la tragedia de La Noche de los Lápices.

El negacionismo, además de revanchismo tardío, viene instalando en el debate público la validación de una estrategia de búsqueda de rédito electoral que se dirige a los sectores más retardatarios, desinformados y deformados por el sistema mentimediático. Ese discurso delata la pobreza conceptual de sus dirigentes, tanto de los que desde hace rato propagandizan su odio como el de quienes hacen silencio cómplice creyendo –-ilusos-- que sabrían contenerlos en caso de exabruptos.

El negacionismo de los aprendices de terroristas tiñe ya la campaña electoral y desnuda una verdad peligrosa: al no desautorizarlos, las supuestas "alas moderadas" de Juntos por el Cambio o del radicalismo residual, puede suponerse que la Sra. Vidal y los Sres. Larreta, Zamora, Negri, Cornejo o Manes, en esencia están utilizando supuestas neutralidades para simular que no avalan lo que sí están avalando.

Lo cierto es que ya es hora de detener el abuso de provocaciones y barbarie anunciadas. Y el único modo es responder con toda la dureza de las leyes. Única defensa efectiva que tiene la democracia frente al nazi-fascismo-cambiemita que está envenenando mentes. Diciendo por ejemplo que la "culpa de todo" es del "48% de imbéciles" que votaron al actual gobierno, y expresado con violencia verbal, oral, grafitera y en todas las redes dizque sociales en las que se puede decir cualquier cosa, impunemente y con tal de ser tendencia.

Es de necesidad y urgencia republicanas fijar penas a estas manifestaciones antidemocráticas y protoviolentas. Así, ante esta moda política de practicar el negacionismo vocinglero de resentidos y autoritarios, el Estado debe estar atento por si se pasan de la raya de la democracia y la paz, para, en tales casos, denunciarlos por apología de la violencia.

Se sabe que hay algunos proyectos de ley como el del Senador Alfredo Luendo (FdT, Chubut) que propone modificar el artículo 213 del Código Penal para castigar "con prisión de un mes a un año al que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito". Esa iniciativa --hasta donde conoce esta columna-- propone reprimir con "prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos" al que públicamente "negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".

También habría otro proyecto de ley de los diputados nacionales Roberto Koenig y Cecilia Moreau, en los que propondrían penas pecuniarias para los infractores negacionistas. Opción que para esta columna es insuficiente, además de que la monetarización desvirtuaría la cuestión.

Como sea, a negacionistas y autoritarios es urgente responderles democrática y legalmente. Leyes en mano. Y ya verá el país cómo se encarrilan. 

Mempo Giardinelli

Piden a familiares que se acerquen para poder identificar a 600 cuerpos NN de la dictadura

 "Nos falta la sangre de la familia de estas personas desaparecidas", explicó Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, organismo que lanzó una campaña para convocar a las familias de desaparecidos que aún no hayan aportado su muestra de sangre.

Por Diana López Gijsberts








Unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, enterrados allí durante la última dictadura militar, no pudieron ser identificados por la falta de perfiles genéticos para cotejar el ADN, confirmó a Télam el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que convocó a quienes tengan un familiar desaparecido a que se acerquen para dejar una muestra de sangre.

"Nos falta la sangre de la familia de estas personas desaparecidas", explicó Patricia Bernardi, del EAAF, quien reseñó que en el año 2017 el organismo no gubernamental lanzó una campaña para convocar a los familiares de desaparecidos que aún no hayan aportado su muestra de sangre para que se acerquen.

Bernardi precisó que el EAAF "tiene 600 cuerpos exhumados en distintos cementerios de la provincia de Buenos Aires que no han podido ser identificados".

Se trata de cuerpos esqueletizados de ambos sexos que presentan lesiones traumáticas.

El testimonio

Semanas atrás, la especialista testificó ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a 18 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Se trata de tres centros que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense: el Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y el que funcionó en en la Brigada de Lanús y fue conocido como "El Infierno".
En esa audiencia la licenciada brindó detalles sobre las técnicas científicas que aplica la institución para recuperar los restos esqueletarios. La investigadora testificó por 14 víctimas, cuyos crímenes son juzgados en ese juicio, tras excavaciones realizadas en fosas comunes del Cementerio de Avellaneda, Lomas de Zamora, La Plata y el Cementerio de General Villegas en el partido de La Matanza.

Quiénes pueden donar sangre para las identificaciones

Bernardi explicó a Télam que "por el tiempo transcurrido es muy probable que en muchos casos se haya cortado la línea de sangre, es decir que ya no estén vivos ni los padres o madres para cotejar su ADN con el perfil genético de los restos".

"¿Que familiares pueden donar? Lo ideal es lo que se llama parientes de primera generación, es decir, padres, hijos y hermanos. Cuanto más cercano es el parentesco, más efectiva es la comparación con el perfil genético de los restos. Sin embargo también primos, tíos y nietos pueden aportar su muestra de sangre", detalló.

Remarcó que "la certeza de la identificación aumenta a medida que se incrementa el número de familiares de desaparecidos que aportan muestras de sangre".

"El proceso de toma de la muestra es muy sencillo, es un pinchazo en el dedo, no es invasivo ni dramático", detalló.





Cómo trabaja el softare

El EAAF posee un software en el que están cargados los perfiles genéticos de esos 600 cuerpos, por lo que una vez que se tiene la muestra de sangre del familiar, explicó la especialista, "se ingresa al software y se hace la comparación masiva con los perfiles".

De haber una identificación positiva el primero en ser notificado es el familiar que dio la muestra de sangre.


Bernardi remarcó que la toma de sangre "es un procedimiento gratuito" y precisó que no importa en qué lugar del país de encuentre ese familiar: "Se contacta a nuestro 0800 y allí se le orientará sobre a qué lugar concurrir para dejar la muestra de sangre".

La especialista destacó que a quien a través de este cotejo se reencuentra con su familiar desaparecido "le compartimos toda la información, y esa información no se da a publicidad".

La información de cada cuerpo

La mujer se refirió así a la información que se logra recuperar al exhumar un cuerpo enterrado como NN en una fosa común.

"No se trata sólo de recuperar un cuerpo sino de interpretar el hallazgo en el contexto adecuado y contrastándolo con la información preliminar", explicó.

Sostuvo que "en cada proceso de excavación vemos la fosa como una escena del crimen y elaboramos hipótesis que nos ayudarán a interpretar el modo y la causal de muerte, ya que además se recupera evidencia asociada, como proyectiles en determinada parte del cuerpo".

La integrante del EAAF informó que quien aún esté en la búsqueda de los restos de un familiar desaparecido durante la última dictadura militar puede comunicarse a la línea 0800 345 3236 o las líneas directas, e insistió en que sin importar en qué lugar esté se le orientará sobre el lugar donde puede ir a dejar su muestra de sangre.

"Vivir con la duda es mucho más perjudicial que enfrentarse a la verdad, poder saber que a esa persona desaparecida la mataron ayuda mucho para seguir adelante y no tener la mochila de ser un familiar de un desaparecido", concluyó Bernardi.

SI bien esta nota es del 2020 sigue vigente la propuesta



HASTA LA VICTORIA SIEMPRE RUBÉN BASIGNANA

 Hace 10 años conocí a Rubén Bassignana cuando comenzamos a organizar el Consejo Consultivo de la Comuna 5.  Desde ese momento escuché sus sueños.  Siempre hablaba de la felicidad y de los sueños.  Él estaba ahí para recordarnos que para eso está la política.   Esta foto se la saqué en la inauguración del Parque de la Estación, uno de esas causas casi imposibles y que aunque no lo creas, se cumplió en octubre de 2018 haciendo 20 años que junto a otras y otros soñadores llegaron a verlo. Hoy partió de esta órbita pero andará junto a las mariposas cuidando el parque.  Nos va a hacer falta,  hacen falta estos personajes muy queribles que casi no se encuentran.    

Mónica Hasenberg


Mónica, como toda artista captó la sonrisa de Rubén siempre presente! Ahora y siempre! Ahora y siempre!!


Trans, madre y abuela adoptiva

 

El notable caso de la activista Luisa Paz en Santiago del Estero

Adoptó con su pareja a dos adolescentes, hermanas, y una de ella madre de dos pequeñas. Un "caso inédito" que puede ser un nuevo paradigma.



La activista trans santiagueña Luisa Paz y su pareja se convirtieron en mamá, papá y abuelos adoptivos, cuando la justicia les otorgará la guarda con fines de adopción de dos adolescentes, una de ellas madre de dos niñas. La filial de esa provincia del Registro Unico de Adopción definió esta adopción como un "caso inédito". El trámite se demoró por la pandemia, ya que Luisa y José tenían una guarda con fines de adopción de las hermanas, por entonces de 14 y 16 años. La mayor era madre de una beba de dos años y de otra de meses. Las chicas vivían en el Hogar de Protección Adolescentes Mujeres Mama Antula.

El caso es inédito por su excepcionalidad y podría convertirse en precedente para que más personas travestis, transexuales y transgéneros, por sí mismas o como integrantes de vinculaciones igualitarias, se decidan a iniciar procesos de adopción. 

De un registro nacional elaborado en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos surge que el 71,4 por ciento de los legajos refieren a parejas de personas heterosexuales, el 4,6 a matrimonios igualitarios y el 24 a familias monoparentales. Los ahora madres y padres adoptivos estaban inscriptos en el Registro y habían asistido a los talleres de sensibilización, por lo cual dieron cumplimento a todos los pasos que exige la ley de adopción.

Luisa explicó que "nosotros llevamos 36 años de convivencia y dentro de nuestro proyecto de vida, desde hace veinte años estaba el adoptar. Pero antes había muchas imposibilidades, las cuales han sido superadas gracias a la lucha y a un gobierno popular que entendió y lleva a cabo políticas públicas para esto, especialmente la reforma del Código Civil". Luisa contó que había sido convocada por las autoridades del Hogar para brindar un ciclo de capacitaciones, en su rol de delegada provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ahí se enteró de la situación de las hermanas y pidió con José que el Registro analizara una vinculación. 

"Nos atravesaron sus historias de vida, en especial de una de ellas, debido a las situaciones de abuso, violencia y más que había sufrido desde pequeña", rememoró Luisa, quien en compañía de su pareja "nos dimos la oportunidad de cambiar el rumbo que tenían y construir de una manera armoniosa su proyecto de vida". Aceptada la propuesta por parte de los equipos técnicos de las instituciones vinculadas a la adopción, las dos adolescentes y las hijitas de una de ellas comenzaron a visitar y luego a convivir con Luisa y José.



jueves, 5 de agosto de 2021

BIBLIOTECA POPULAR JAURETCHE

 JORGE OMAR SCORZELLI AMBROSETTI


Vecinos/as detenidos/as desaparecidos/as de Boedo

¡Presentes, ahora y siempre!

Jorge Omar Scorzelli Ambrosetti era peronista y militaba en Montoneros, estudiaba Derecho y formaba parte de la Juventud Peronista.

Trabajó un tiempo como preceptor en el Instituto San Bartolomé. Luego, trabajó en Luz y Fuerza (SEGBA).

Practicaba deportes en el club San Lorenzo de Almagro, aunque era simpatizante de Boca.

Era un joven simple, de barrio, casado y tenía un hijo. Integraba la murga Los Chiflados.

Vivía en el Pasaje Gallegos 3517. Tenía 21 años cuando fue secuestrado el 5 de agosto de 1976 en la vía pública entre las 17 y 20 hs. Se desconoce el lugar de su detención.

Su madre, luego, fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Integraba el grupo de la "Santa Cruz" cuando se produjo el secuestro de Azucena Villaflor.

LARRETA HACE CAMPAÑA FINANCIANDO COLEGIOS PRIVADOS

 Luego de los recortes a la educación pública, Larreta hace campaña financiando colegios privados

El anuncio realizado por el Jefe de Gobierno porteño vuelca 53 millones de pesos en 125 jardines maternales privados.

Por: Martín Suárez

@MDSuarez

Hace unos días, este medio publicó un informe de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, que dejaba en evidencia la falta de mantenimiento de escuelas públicas porteñas. El mismo señalaba que el gobierno local no realizó este proceso en el 85% de las escuelas con problemas edilicios. El relevamiento fue hecho en 114 edificios educativos públicos (el 14,50% del total) donde los controles de la instalación eléctrica no se cumplieron; además, en 150 edificios con las mismas características, del registrado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar para controles de rutina, se realizaron menos de 12 controles, y lo mismo ocurrió en el rubro saneamiento y control de plagas. Además, a la fecha de cierre del informe en cuestión, no se han reemplazado la totalidad de los vidrios crudos existentes en establecimientos escolares que se hallan bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad.

Conjuntamente, la falta de construcción de escuelas dejó nuevamente en evidencia la carencia de vacantes. En la última inscripción online, del total de 117 mil estudiantes (leer al pie de la nota) que pidieron un lugar en los tres niveles de las escuelas públicas porteñas, Acuña asignó 61.200 vacantes, quedando el 48% de los inscriptos sin lugar asignado. Entre otros ajustes, en abril de este año, se conoció un fuerte recorte educativo de más de 870 millones de pesos en obras menores, y entrega de notebooks, que CABA realizó durante la pandemia. Todo eso en el marco del presupuesto 2021 que fue el más bajo que presentó el macrismo con apenas el 17,1% del total, cuando en 2010, era del 27 por ciento.

Este martes, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por Soledad Acuña, ministra de Educación, y parte del equipo de gobierno; presentó una importante inversión en la educación privada bajo el título: Programa de “Apoyo Económico a la Primera Infancia”. El mismo consiste en financiar económicamente a las instituciones educativas privadas de nivel inicial, de 45 días a 3 años. Desde la cartera que conduce Soledad Acuña, argumentan que “estas instituciones se vieron muy afectadas por el confinamiento”. Esta asignación económica sirve para solventar un porcentaje de los aranceles mensuales 2020-2021 y matrícula 2021 que ya se encuentran bonificados o a bonificarse a las familias por parte de los jardines.

“Por eso, hoy estamos lanzando la tercera edición del programa Apoyo Económico a la Primera Infancia”. Este año el gobierno gastará en el sector privado alrededor de 53 millones de pesos para bonificar, total o parcialmente, la cuota mensual en 125 jardines maternales privados que no reciben asistencia gubernamental”, señaló en conferencia de prensa el mandatario y agregó: “La pandemia afectó mucho a las familias que tienen hijos e hijas más chicos, de entre 45 días y 3 años. A estas familias les fue difícil mantener la presencialidad en los jardines maternales y la educación temprana tuvo una pérdida significativa de la matrícula en estos meses”.

El rechazo de diferentes sectores no tardó en llegar. “Durante la pandemia recortó millones de pesos que estaban destinados a la educación pública y parte de ese dinero ahora lo vuelca a colegios privados. Lo mismo hizo cuando recortó 371 millones del Plan Sarmiento, para pasarlos a la educación privada en enero de este año. Se nota que en plena campaña le habla sólo a un sector de su electorado”, apunta la legisladora porteña y precandidata a diputada nacional por la Ciudad, Lorena Pokoik. “La inversión en educación tanto en el sector privado como público es importante, pero eso no tiene que ir en detrimento de quienes eligen la educación gratuita, históricamente Larreta y Acuña fueron bajando el presupuesto en este sector y en pandemia dio de baja decenas de contratos de obras que ya estaban asignados a edificios escolares”, agrega Pokoik quien además es la vicepresidenta de la comisión de educación de la legislatura. “Las escuelas públicas necesitan hoy más que nunca la presencia del Estado y Larreta durante la pandemia siempre desoyó el reclamo de las y los trabajadores de la educación para mejorar los edificios en pandemia, y ni hablar de la falta de vacantes que sistemáticamente se niega a responder cada pedido de informes sobre ese tema”.

En los últimos años, las familias organizadas que buscan una vacante en la educación pública lograron instalar el tema en la agenda de los gremios docentes mayoritarios de la Ciudad. “Así como reconoce la falta de atención en edades tempranas, lamentamos que Larreta no actúe frente a la falta de vacantes en las escuelas públicas de la ciudad. Todos sabemos qué año tras año hay miles de chicos sin vacantes. Este 2021 son más de 25.000 que no consiguieron un lugar en la educación pública, y esa inmensa falta de vacantes se da principalmente en los primeros años de vida”, acentúa en diálogo con Tiempo, Karina Costaguta, Secretaria General del gremio CAMYP. “Con esta inversión en colegios privados, creemos profundamente que perpetúan y profundizar la brecha entre quienes tuvieron la posibilidad de acceder a la educación en edades tempranas, y a quienes se le quitó ese derecho. Esto representa para nosotros una enorme desigualdad educativa”, agrega Costaguta y termina diciendo que “también entendemos que dar respuestas transitorias a problemáticas complejas y no asumir el compromiso hacia las infancias y cerrarle la puerta de entrada al sistema educativo público es negar los niños y niñas como verdaderos sujetos de derecho “.

En el último programa de VIEGENIALS entrevistamos a Donato Spacavento para hablar de la soberanía sanitaria, el rol del Estado y las decisio...