En pocos días más, los 18 millones de argentinos inscriptos como
beneficiarios del sistema previsional y que perciben mensualmente jubilaciones,
pensiones y asignaciones cobrarán sus haberes por primera vez con la
aplicación de la nueva fórmula de movilidad sancionada por el Congreso a
instancias del Poder Ejecutivo y la ANSeS a fines del año pasado. Pero tal como fue
aprobada, la
nueva fórmula implicará en marzo una pérdida de poder adquisitivo frente a
la galopante inflación.
Para
remediar el desequilibrio, el Gobierno evalúa por estas horas otorgar una suma
adicional que refuerce el incremento del 8% que estipula la nueva ley, cuyo
índice surge de una polinómica que toma en cuenta el índice de variación
salarial del Indec o la progresión de los salarios formales de acuerdo a la
medición del Ministerio de Trabajo -lo que resulte más alto- y la variación de
la recaudación del organismo previsional. Pero no así el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), que ha sido brutalmente sacudido en diciembre y enero,
principalmente por subas en alimentos y bebidas.
En
la Casa Rosada esperan el regreso del presidente Alberto Fernández de su gira en
México para reunirse con la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para ver hasta dónde puede
estirarse el beneficio ante una inflación trimestral que orillaría el 11% y
dejaría la actualización con tres puntos de caída real.
Este miércoles, Raverta desechó las críticas a la fórmula de
movilidad aprobada en el parlamento y que la oposición calificó como un
mecanismo de ajuste del gasto en la tercera edad, y dejó abierta la puerta a
una mejora para los perceptores de los haberes más bajos: cerca de 7,1 millones
de argentinos.
"La
fórmula de movilidad tiene en cuenta indicadores macroeconómicos, y por
lo tanto uno
no puede adivinar cuánto va a incidir esta fórmula en otras variables, como la
inflación", justificó. "El compromiso del Ejecutivo nacional -agregó- es ganarle
a la inflación, por lo menos, con aquellos jubilados que cobran menos de un
haber y medio".
"Proponemos
dar el aumento que se establece por movilidad e instrumentar algún instrumento
para paliar la diferencia con la inflación", precisó Raverta.
El
incremento de la movilidad no es menor ya que repercute en todas las esferas
del gasto social del Estado nacional. A través de la movilidad, se actualizan
las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las
pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La reconsideración del ajuste en haberes fue un reclamo de la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estos días quedó a
cargo del Ejecutivo, por el viaje al exterior del presidente, pero permanece en
Río Gallegos.
De aplicarse un 8,07% de suba por movilidad, la
jubilación mínima subiría de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante
marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la
PUAM de $ 16.457.
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