Desde los '90 el Estado relegó la administración del comercio exterior al capital privado
La disputa por el control del tráfico fluvial que se abrió con el vencimiento de la concesión de la Hidrovía se inscribe en otra discusión: el país no tiene ni un solo buque mercante ni de defensa ni política naval.
Por Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber *
La ausencia de transporte nacional genera una pérdida de 7000 millones de dólares anuales.. Imagen: Leandro Teysseire
Durante los últimos meses se ha debatido mucho sobre la oportunidad histórica que se le presenta a la Argentina a partir del vencimiento de la concesión que tiene la empresa Hidrovía SA sobre la autopista fluvial que enlaza los principales puertos litoraleños del país.
A pesar de la importancia estratégica de esta natural vía de transporte y comunicación, el consorcio transnacional encabezado por la empresa belga Jan de Nul opera libremente junto con las multinacionales que acaparan el grueso del comercio exterior argentino. Esto implica que el tráfico fluvial, el control y regulación de lo que entra y sale del país por esta extraordinaria vía navegable, está en manos de actores ajenos al interés nacional.
A partir de las últimas medidas adoptadas por el gobierno, la actividad quedó provisoriamente en manos de la Administración General de Puertos hasta que se llame a una nueva licitación internacional.
A lo largo de 25 años, la empresa belga proveyó los servicios de dragado y señalización a cambio de un peaje de 3,06 dólares por TRN (Tonelada de Registro Neto) a los buques circulantes, lo que resulta en una facturación anual de 300 millones de dólares. A su vez, esta actividad tiene gran importancia ambiental, ya que se draga los ríos con el objetivo de adaptar la naturaleza a las exigencias del mercado y sus megabuques, buscando aumentar la capacidad de carga y sus ganancias.
Esto debería ser al revés: los intereses económicos tienen que adaptarse al curso y profundidad natural de los ríos, transfiriendo las cargas en aguas profundas a barcazas para el transporte en nuestros ríos internos. La afectación del medio ambiente, las poblaciones ribereñas y otros sectores productivos a causa de esa actividad irracional de dragado que beneficia a unos pocos convoca a reasumir el papel activo del Estado como actor estratégico en este sector.
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