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Recibirán por única ver, de Nación y de Ciudad, el subsidio habitacional
Las familias que se encontraban ocupando el terreno ferroviario de la villa 21 – 24 llegaron a un acuerdo y levantaron la toma. “Hay un compromiso del Estado de ayudar y seguir acompañando en este reclamo genuino”, expresó el Padre Lorenzo “Toto” De Vedia, responsable de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en Radio Gráfica. “Mucha gente no tiene los elementos y mucho menos para programar tener una vivienda propia y digna”, remarcó el párroco.
El acuerdo fue alcanzado tras la reunión que mantuvieron, en Comodoro Py, los delegados de la toma con los representantes de los ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad tanto de Ciudad como de Nación. “Fue positiva, porque se pudo llegar a un acuerdo para lograr algo que todos queríamos”, contó.
“Ayer a las doce de la noche se vació el predio, que era una de las cosas se acordó desde el juzgado. Después, Ciudad va a dar subsidios habitacionales y Nación uno que tiene que ver con la emergencia. También, el compromiso del juzgado de convocar a una mesa de trabajo el próximo martes 14 de septiembre a las 10 de la mañana, convocando a gente de los ministerios de Vivienda”, aclaró De Vedia, y remarcó que la idea es empezar a “programar más fuertemente una solución más profunda de lo que necesitan las familias”.
A su vez, el cura de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé destacó la labor llevada adelante por el juzgado a cargo de Daniel Rafecas y consideró que fue “muy extraordinario” que antes de que se ordene el desalojo haya habido una mesa de trabajo.
“Algunos militantes nos ayudaron a hablar con los funcionarios para poder lograr este acuerdo. También hubo la capacidad de diálogo de los representantes, de los ocupantes. Se notó una clara actitud de escucha y de esfuerzo”, opinó.
Entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida (lunes a viernes de 8 a 10hs)
A partir del domingo 5 de septiembre de 2021 nos mudamos a FM La Tribu (88.7Mh o www.fmlatribu.com). Y con nuevo nombre: somos VIEGENIALS, es decir como millennials o centennials pero con más edad. VIEGENIALS (con G de genials)
Política, economía, temas sociales, género, memoria, derechos humanos, cultura, psicología, asesoría previsional y todo lo que vos te puede interesar tengas la edad que tengas.
Porque como siempre decimos: La edad... es lo de menos.
Viejenials: se sienten jóvenes, activos y están digitalizados
¿Quién no ha oído hablar de los millennials? Es un término bastante conocido, pero su competencia vienen pisando fuerte. Pero, ¿quiénes son los viejenials? En este el post te contamos todo sobre este público objetivo, formado por los grandes olvidados del mercado y la sociedad, que cada vez cuenta con más adeptos. Si te interesa saber más, sigue leyendo.
¿Competencia a los millennials?
A los millennials les ha salido competencia, un colectivo que vienen pisando fuerte, se trata de los adultos entre 50 y 75 años.
En los últimos años han sido los millennials quienes se han llevado toda la atención pero si miramos las tendencias de la red encontramos que la generación senior está despegando con fuerza, contentos de contar por fin con el valor que merecen.
No son nativos digitales pero…
Ya sabemos que los viejenials no han nacido con "la tecnología bajo el brazo", pero bien es cierto que se han puesto las pilas. Las redes sociales ya no son sólo para jóvenes sino que también cuentan con espacio suficiente para este segmento de la población, ávido de conocimiento.
La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que funciona en la casona de Lambaré 873, barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, desde 1989.
La ideología funciona, a veces, poniendo patas para arriba nuestra percepción de la realidad. Nos hace imaginar todo justo al revés de lo que es. Tomemos una frase habitual: “Los empresarios dan trabajo”. Como si fuesen por allí con una bolsa llena de trabajos que ellos crearon, repartiéndolos generosamente a los demás. Todo al revés: quienes se apropian del trabajo ajeno aparecen como si estuviesen “dando” algo suyo. Pero los que “dan” su trabajo son en verdad los trabajadores. Los empresarios, al contrario, “piden” trabajo que no poseen y necesitan (vean si no quiénes publican en la sección Pedidos de los avisos clasificados).
En estos días nos enteramos de que Toyota salió a buscar 200 trabajadores para su planta en Zárate y no los consiguió. Pedían con secundario completo y no había tantas personas en la zona que reunieran ese requisito. Aparentemente la noticia no era del todo cierta y su difusión pudo ser un modo de presionar al Estado. Pero es un hecho que, para su famosa y revolucionaria manera de organizar la producción, la empresa necesita trabajadores con un piso de formación relativamente alto. No le sirve cualquiera.
La noticia permite desarmar otro de los mitos habituales de la vulgata liberal: que es el sector privado el que genera la riqueza de la que luego el Estado se apropia; que son los empresarios los que financian con sus impuestos al sector público. Dejemos por un momento de lado el hecho de que, en Argentina, los trabajadores pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos. ¿Es realmente cierto que la riqueza la genera el sector privado?
El caso de Toyota permite entender que no. Cuando la empresa sale a pedir trabajadores con secundario completo, no está pidiendo solamente el trabajo de esas personas. Está requiriendo, además, el trabajo que anteriormente aportaron los docentes de los colegios a los que fueron, sin los cuales –como amargamente comprobó en estos días– los potenciales trabajadores no alcanzan el piso de preparación que la empresa necesita. Sin profesores de secundario no hay trabajadores aptos para Toyota. Y sin trabajadores, no hay autos Toyota. Lo que implica que el trabajo docente gestionado por el Estado participa de manera bastante directa en la generación de riqueza que aporta la fábrica.
No hay nada raro en que la firma dependa del trabajo de otros. De hecho, para fabricar sus autos compra vidrios y neumáticos que fabrican otros empresarios, contrata transportistas que se los traigan, etc. Por cada uno de los insumos y servicios que utiliza paga el precio de mercado: si usa un neumático, paga el valor que tiene, que a su vez cubre la ganancia de su colega empresario, los salarios que él pagó y los insumos y servicios que a su vez compró de otros. Así funciona la generación de la riqueza, aunando labores de muchos agentes económicos.
Entre ellos hay uno al que suele pasarse por alto: el Estado. Sin los múltiples trabajos que organiza y financia el Estado no hay producción en el sector privado. No hay generación de riqueza sin esos docentes que formaron a los trabajadores de Toyota. Tampoco sin los profesores universitarios que formaron a los docentes, ni sin los investigadores que generaron los conocimientos que ellos transmiten. Y la lista podría seguir al infinito: esos neumáticos que usó Toyota llegaron a través de rutas construidas por el Estado, proyectadas por ingenieros del Estado, con semáforos puestos por el Estado, vigiladas por policía del Estado y todo ello a su vez gestionado por funcionarios públicos. ¿Y qué pasa si Toyota debe demandar a una empresa rival que le copió uno de sus modelos? Debe apelar a tribunales del Estado y a abogados formados por el Estado. La mismísima propiedad de su planta en Zárate descansa sobre una norma –la propiedad privada– establecida, garantizada y vigilada por el Estado. No hay producción de valor sin todo ese entramado público-privado. No existe mercado capitalista sin Estado.
Toyota paga (con suerte) sus impuestos. Pero a su vez extrae una ventaja económica del hecho de que partes esenciales de su proceso productivo son costeadas por el Estado. La firma paga el valor de mercado del flete que le trajo esos neumáticos, pero no el de los otros servicios viales que consume, que son los que le entrega gratis el Estado. Si la empresa tuviese que correr con el gasto de educar a su futuro personal debería montar o subcontratar escuelas primaras y secundarias, etc., lo que le costaría bastante más que lo que paga en impuestos.
Nada de este argumento viene de una simple deducción, sino de una constatación histórica. El capitalismo se desplegó a partir de (y gracias a) la diferenciación de trabajos que organiza el sector privado y otros que costea el sector público. En los albores de la Revolución industrial, por dar un ejemplo, los artesanos y mecánicos estuvieron a la vanguardia en la invención de los nuevos procesos productivos, trabajando codo a codo con los empresarios en las nuevas fábricas. Los saberes de ambos fueron imprescindibles. Pero a medida que el desarrollo industrial se fue complejizando, la industria tendió a ir diferenciando dos tipos de labores técnicas. Había algunas imprescindibles cotidianamente y que podían aprenderse dentro de la empresa. Estas fueron absorbidas y los artesanos tendieron entonces a convertirse en obreros calificados. Otras labores, utilizadas más eventualmente, requerían un conocimiento más generalista que hubiese sido muy costoso generar y reproducir dentro de las empresas. Fueron entonces externalizadas y la formación de quienes las realizaban fue puesta en manos de las universidades. Los mecánicos tendieron a ser reemplazados por los nuevos ingenieros mecánicos/industriales diplomados por universidades. Usualmente se desempeñaron como profesionales independientes, pero no por ello sus aportes al proceso productivo fueron menos directos ni menos importantes. Algo similar sucedió con la diferenciación entre empleados contables y abogados y con otras labores. En el siglo XIX el Estado a su vez intervino regulando el funcionamiento del ejercicio de cada profesión y los cursos universitarios que les permitían acceder a las matrículas.
En fin, el trabajo productivo que genera la riqueza depende de una gran variedad de labores, algunas de las cuales se realizan en el sector privado y muchas otras en el sector público, en el ámbito doméstico o colectivamente como parte de la existencia de toda la sociedad. La producción de mercancía presupone una densa red de interrelaciones que no son sólo económicas, sino que involucran formas de regulación política y toda una trama de vínculos intelectuales, lingüísticos e incluso afectivos. Como decían hace ya tiempo algunos intelectuales y activistas italianos, la fábrica es la sociedad. Parte del valor se genera entre las cuatro paredes de plantas como la de Toyota. Pero una parte incluso mayor se genera más allá, a partir de procesos de los que Toyota solo se entera si alguna pieza del engranaje falla.
No es cierto que la riqueza la genere el sector privado y con esos fondos sostenga a un sector público siempre sospechado de improductivo y parasitario. De hecho, sería tanto o más justo afirmar lo contrario: que el sector privado parasita el trabajo mal pago del sector público y las habilidades y saberes socialmente producidos. Para no mencionar que parasita una tarea no remunerada en absoluto –la reproducción de la fuerza de trabajo– que suele quedar a cargo de las mujeres en el espacio doméstico.
¿Quiénes dan su trabajo y quién sostiene a quién? Es imprescindible volver a poner al derecho lo que la ideología pone patas para arriba.
La movilidad previsional en el contexto de pandemia: análisis de las actualizaciones jubilatorias recientes
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Analizamos las actualizaciones jubilatorias recientes y obtuvimos las siguientes conclusiones:
Los componentes de la fórmula, la actualización de septiembre y la comparación con la inflación
La tercera medición de la actualización jubilatoria derivada de la nueva ley de movilidad, aplicable desde septiembre próximo alcanzó 12,4%.
Este dato se encuentra por encima de las expectativas de inflación para el período julio-septiembre, comparable con el período alcanzado por la movilidad. La inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) del período mencionado (julio a septiembre, considerando que la mejora compensa la inflación pasada) suma 8,6%, es decir, casi 4 puntos porcentuales menos que la movilidad.
Estos guarismos implican una recuperación real de las jubilaciones, pensiones, AUH y demás para el trimestre de 3,5%.
Aunque es prematuro, se estima que, la fórmula para la actualización de diciembre también podría tener un muy buen desempeño, considerando que la reapertura salarial afectaría positivamente sobre los indicadores de salario y la reactivación hacer lo propio sobre el indicador de recaudación.
Las actualizaciones de marzo y junio 2021 y la comparación con la inflación.
Las primeras dos actualizaciones jubilatorias resultantes de la fórmula votada recientemente tuvieron un comportamiento dispar: la primera quedó por debajo de la inflación, mientras que la segunda superó a la misma.
Al realizar la comparación la inflación del período de donde se aplica la actualización (enero a marzo de 2021 para la primera movilidad y abril a junio para la segunda), se observa que la primera significó un incremento de 8,07%, mientras que la inflación alcanzó 12,9%, mientras que en el segundo caso se invierte la relación (12,12% vs 11%).
Es preciso mencionar que, tanto en la primera movilidad como en la segunda del 2021, el componente salario motorizó al alza la fórmula, mientras que la recaudación tuvo un desempeño menor.
Vale recordar que, para compensar el desfasaje de la primera movilidad, el Gobierno incluyó dos bonos de $1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021 para jubilaciones de hasta $30.856. Para compensar el segundo trimestre (para ser preciso, el efecto de la primera actualización sobre el segundo trimestre), se pagó un bono de $5.000 en agosto.
La actualización de septiembre corrige buena parte de esta problemática dado que en el acumulado logra quedar por encima de la inflación. En los primeros nueve meses de 2021 el aumento de las jubilaciones y demás alcanzará 36,2%, mientras que la inflación sumaría 36,1%.
La modificación de la fórmula, que incluyó el mayor de la variación de RIPTE o INDEC permitió en la primera medición, tomar el segundo, más alto en esta medición.
Evolución real de la jubilación mínima
Si se considera la jubilación mínima desde principios de 2019 en adelante, se observa que la curva se mantiene relativamente estable, con los saltos relacionados con el impacto de los bonos respectivos. Es decir, no se recuperan aún los valores perdidos durante los 4 años de gestión de Cambiemos, pero las jubilaciones no pierden contra la inflación.
Aunque algunos puedan pensar que todo terminó cuando se pateó para adelante la renovación de la concesión del río Paraná en beneficio del entramado de multinacionales que desde 1995 usufructuraron --y dañaron muy seriamente-- nuestro río más emblemático, esa película no ha terminado.
Los fuertes reclamos de reivindicación de soberanía que se generalizaron gracias a la consistente prédica de algunos colectivos, y de esta columna, han dejado frutos y sobre todo compromisos. De ahí que, si bien el Decreto 427/2021 puso momentáneos paños fríos a la cuestión, esa inteligente medida no derogó, sin embargo, el Decreto 949/2020, que es anterior y es padre y madre de una claudicación y un conflicto que los reclamos populares no han dejado pasar.
Por eso resulta tan valioso que –-en estos días en que todo lo que parece interesar es el proceso electoral que se viene-- circule una propuesta originada en una agrupación de las varias que se autoasignaron la tarea de concientizar al pueblo argentino en defensa del que llamamos Padre Río. El Movimiento Federal por la Soberanía Nacional (MFSN) plantea en estas horas, transcurridos los 90 días de la prórroga concedida por la Resolución 129/2021 del Ministerio de Transporte, que "la empresa HIDROVIA S.A. reintegre los bienes del Estado que, según registro de la Cámara de Diputados de la Nación en Sesión Ordinaria de 2009" estableció que si bien el Estado concesionante "se comprometió a aportar equipos, repuestos e instalaciones en tierra", los mismos no podían ser utilizados, sin la previa autorización expresa del concedente, en obras ajenas a las previstas en el pliego. Y equipos, además, que se entregaron a partir del inicio de la concesión, con obligación de ser devueltos al finalizar la misma.
Se estableció también que, al finalizar la contratación (o sea desde el 30 de Abril pasado), el concesionario deberá reintegrar al concedente las instalaciones y sus accesorios en condiciones de uso y conservación y con las mejoras realizadas, las que no le otorgarán derecho a retribución alguna por parte del concedente, que es el Estado, o sea el pueblo argentino. O sea que dichos equipos deben ser devueltos en condiciones de operatividad y sin indemnización ni retribución alguna.
Y es que lo concesionado fuesólo el derecho a la tenencia y uso del material, tantoflotante (buques y artefactos navales) como no flotante (equipos, inmuebles, muebles, útiles, muelles e instalaciones fijas), todas las cuales no dejaron de ser propiedad del Estado nacional a lo largo de todo el plazo de la concesión.
El inventario no es pequeño, por cierto, y entre los materiales se encuentran la draga más grande de Latinoamérica (la 256-C "Capitan Núñez) y muchas otras dragas, balizadoras, remolcadores y embarcaciones de apoyo diversas, actualmente atracadas en puertos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por lo menos. Y también, obviamente, los varios edificios de la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN), sus terrenos aledaños, y sus grúas y muelles. Y desde luego los talleres de dicha Dirección en la Isla Demarchi y en las ciudades de Rosario y Corrientes, también por lo menos.
Esta columna recibió críticas, semanas atrás, por señalar la necesidad y urgencia de terminar con el concepto de "Estado bobo" que por años han ido naturalizando algunos vivos en nuestra sociedad. La debida respuesta a esas críticas no es otra que honrar y cumplir en tiempo y forma los contratos de concesión. Por eso, si acaso algunos funcionarios --y empresarios ni se diga-- no estuvieren convenientemente enterados, bueno es recordarles que son muchos los organismos de contralor para el correcto cumplimiento y monitoreo de estas devoluciones de bienes al Estado Argentino, que, obviamente, deben ser devueltos en condiciones de operatividad.
Es por todo lo anterior que la propuesta del mencionado FSN incluye al nutrido conjunto de más de un centenar de organizaciones, colectivos, sindicatos, agrupamientos y personalidades que durante ya muchos meses vinieron –y vinimos– bregando por la recuperación y saneamiento del río Paraná.
Y propuesta que bueno sería que conociera el Presidente de la República en persona y mediante lectura propia, a fin de encabezar la recuperación de la Soberanía sobre el Padre Río, las vías navegables tanto fluviales como marítimas, y el sistema de puertos y astilleros que nuestro país tuvo y perdió, por obra y gracia y disparatadas decisiones de gobiernos genuflexos y neoliberales con camiseta populista.
Todos los colectivos de defensa de la soberanía fluvial y marítima de nuestro país coinciden en que el dragado, señalización y mantenimiento de las aguas deben estar a cargo de organismos del Estado. Y en que todos los proyectos para profundizar y ensanchar el Paraná y cualquier otro río a fin de adecuarlos al tamaño cada vez más grande y de mayor calado de los buques, representan una abusiva acción transnacional además de ser una barbaridad ambiental dígase lo que se diga, porque alteran el ambiente y la biodiversidad.
El rol nocivo de las multinacionales, agroindustriales y mineras, es ya indefendible racionalmente. Tanto en términos ecológicos, como también por otras acciones nocivas para cualquier país, como la evasión fiscal, la subfacturación, el contrabando y la fuga de divisas. Salvo intereses sectoriales y de lobbistas, hoy son indefendicles.
Habrá que tener paciencia, firmeza y tino, porque en el camino se jugará la gran propuesta socioeconómica que hoy necesita imperiosamente la Argentina:volver a crear la Flota Mercante Nacional y Estatal, fluvial y marítima, que a su vez impulsará la reactivación de los Astilleros y Talleres Nacionales, que hace décadas fueron un motor del desarrollo y pueden y deben volver a serlo. Porque generan miles de puestos de trabajo, aprovechan y desarrollan el potencial tecnológico que tenemos, y porque así se recuperará la reserva de carga en bodegas y buques de bandera argentina. No otro es el camino hacia la soberanía marítima que alguna vez este extraordinario país supo tener.
Aquietadas las aguas --lo que es un decir, visto el derrumbe en la costanera rosarina, producto de la terrible bajante del Paraná-- es indudable que el reclamo de soberanía y el esclarecimiento de la ocultada privatización del río ahora parece haber entrado en un cono de sombra natural, aderezado, desde luego, por las candidaturas anunciadas que una vez más enhebran sueños, esperanzas y desilusiones.
Lo cierto es que, elecciones aparte y a mediano plazo, el decreto 427/2021 vino a poner, de hecho, un paño frío para la caliente cuestión de la soberanía sobre el río Paraná, pero su vigencia confesa será de solo un año, que en la política argentina es nada. Y como en su texto este decreto se denuncia solo --siete veces está en el texto la palabra "concesión", sobrevolada por el también confeso vocablo "licitación"-- puede afirmarse que esta cuestión no ha terminado ni ahí. Como siempre sucede cuando está en juego la soberanía, materia en la que el reclamo nacional por las Islas Malvinas es ejemplar.
Como también puede serlo otra cuestión que empieza a calentar motores en estos días. Y es que así como nuestro río fue abusado por transnacionales extranjeras en asociación con entidades dizque "rurales" que son la expresión más cabal de la injusticia en la Argentina --latifundios ocultados, fuga de divisas, elusiones impositivas, racismo, hiperexplotación y servilismo al feroz poder que hoy gobierna al planeta-- hoy uno de los mejores instrumentos que tenía nuestra república --el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)-- parece también haber sido cooptado y está en muy serio peligro de desnaturalización.
Lo asombroso esta semana fue que una productora entrerriana lanzó una pequeña campaña para que no se expropien tierras del INTA, afirmando que "es una maravilla tener los campos experimentales cerca de la ciudad". Lo que es una transparente verdad, más allá de lo asombroso que es que lo diga una productora de raigambre derechista a quien varios consultados consideran una "mano derecha" del ex ministro macrista Luis Etchevehere. Su nombre es María Teresa Cavoti y es productora de nueces pecan desde hace una década, cuando inició su producción en línea con estudios del INTA, que desde inicios de siglo investigaba este cultivo.
Su posición es absolutamente correcta, aunque va en contra de todo lo postulado por la derecha agraria. Por eso defender el rol del INTA en contra de la pérdida de terrenos históricos en sus diferentes estaciones, es ya un imperativo porque primero en Salta el macrismo loteó y vendió tierras a privados, y luego vendió tierras del Ejército en Ordóñez, Córdoba, y en otros territorios, de igual modo que ahora en Catamarca parecen estar en marcha proyectos de desmantelamiento de la histórica y argentinísima institución agraria. Y es particularmente grave el hecho de que hace muy poco el Senado de la Nación aprobó esta última expropiación, presentada por el senador Dalmacio Mera (catamarqueño y ex vicegobernador entre 2011 y 2015) y sobre todo que el proyecto fue votado, insólita e inexplicablemente, por unanimidad, con todo lo que eso implica.
Y para asombro generalizado, además, porque esta expropiación --en claro perjuicio del INTA y de los bienes agrarios de la nación-- ha unido ahora a todos los que apoyaban la expropiación a Vicentin con todos los que entonces se oponían.
Por su parte, el reconocido experto agrario que es Pedro Peretti, contó a esta columna que en Máximo Paz (Provincia de Santa Fe) "se armó un proyecto demostrativo de cómo debe trabajarse en la práctica para hacer agroecología, y había despertado mucho interés en los ministerios de Ciencia y Técnica y Medio Ambiente. Se trataba de enseñar cómo se siembra y se cultiva en forma sana". Esa política es desvirtuada ahora totalmente, porque además desvirtúa los principios y el sentido mismo del INTA, fundado en 1956 con el objetivo autodefinido de ser "un organismo estatal de investigación agropecuaria, descentralizado y con autarquía financiera y operativa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y cuyos orígenes se remontan a 1871 (presidencia de Sarmiento) y 1898 (la de Roca).
Distorsión, además, que provoca algo más paradójico aún: es increíble que el Estado Argentino no pueda comprar tierras, y que, al contrario, las tenga que vender. O sea privatizar. Y aquí hay que ser claros: la idea de que hay tierras públicas ociosas es un mito. Son pocas y muy pequeñas las tierras del organismo que están improductivas: son de 70 u 80 hectáreas a lo sumo, y alguna de 400, de las que se saben y algunas están en manos del Ejército. Pero son completamente irrelevantes si se recuerda que la Argentina siembra hoy unas 38.700.000 hectáreas".
El problema es una vez más político, y como en el caso del Paraná también venía silenciado: hoy casi no se habla de que el INTA está manejado, en los hechos, por las cuatro entidades de la ya incalificable "Mesa de enlace", o sea la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) que supuestamente agrupa al sector cooperativo agrario.
Y es por eso que, como señalan Peretti y otros productores de Chaco y Santa Fe, "en el INTA no hay representación de la agricultura familiar campesina e indígena, ni de los pueblos originarios, ni tampoco hay representación específica de las cooperativas, ni mucho menos paridad de género".
Quizás por eso, y para completar el minué de confusiones, un comunicado "denunciando" el "vaciamiento" del INTA acaba de ser emitido por la FAA con la firma de su vicepresidente, Elvio Guía, quien no esproductor agropecuario pero sí es vox populi que fue colocado allí por el mencionado senador De Ángeli. O sea que mientras el senador vota la expropiación al INTA catamarqueño, su hombre en la Federación Agraria se opone públicamente. Con lo que parece obvio que las danzas que se bailan en el agro argentino evocan coreografías de los Hermanos Marx, obviamente los de Groucho.
La realidad del INTA hoy, en fin --y habrá que estar alertas a esta nueva posible pérdida de soberanía territorial-- es que el instituto también está manejado por la mesa de enlace y nadie sabe qué sucederá después de las elecciones. Por el momento la presidenta del organismo, Susana Mirassou, parecería estar sobrepasada. Es de esperar que el ministro Luis Basterra intervenga correctamente, como lo hizo en el Instituto de la Yerbamate (INYM).
En todo caso, coinciden expertos consultados para esta columna, lo que debe hacer el INTA es, en lugar de achicar su tenencia de tierras, comprar más campos. Y los campos que actualmente tiene, los que le quedan y sobre todo si están cerca de las ciudades, debe dedicarlos a proyectos agroecológicos, educativos o de extensión cultural mediante comodatos y no cediendo propiedad.
Y ya es hora de que los gobiernos, desde la Capital Federal, cambien la concepción centralista y ciega respecto del interior profundo y exijan a los funcionarios y técnicos que contrata que se radiquen en los centros poblados más cercanos, lo que se llama arraigo y consolida territorio, vida y crecimiento de las poblaciones.
